Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes a favor de la Administración Trump en su propósito de cancelar el parole humanitario, que permitió la entrada temporal a Estados Unidos a unos 430.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El fallo de un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones de EEUU elimina la protección a cientos de miles de personas.

El programa comenzó en 2022 con inmigrantes venezolanos y en enero del 2023 se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos por un periodo de dos años mientras trataban de obtener otro estatus legal.

La administración Trump anunció en marzo que pondría fin a las protecciones de la libertad condicional humanitaria que había otorgado su predecesor, el presidente Joe Biden, a los migrantes cubanos, venezolanos y haitianos y nicaragüenses.

Pero la propia Administración Biden había suspendido el programa en agosto de 2024 tras reportes de niveles significativos de fraude.

Esta semana los jueces del Primer Circuito de Apelaciones de EEUU reconocieron "riesgos de daño irreparable, convincentemente expuestos en la orden del tribunal de distrito: que las personas en libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligadas a elegir entre salir en menos de un mes —una decisión que potencialmente incluye ser separadas de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros en sus países de origen”.

“Sin embargo, a falta de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”, indicaron en referencia a la decisión de un tribunal de distrito emitida en abril, deteniendo la decisión del gobierno, que fue anulada un mes después por la Corte Suprema.

La administración Trump argumentó que el tribunal de apelaciones debía seguir los pasos de la Corte Suprema y revocar el fallo del tribunal de distrito.

Las protecciones para las personas que huyen de la inestabilidad en sus países de origen siempre fueron temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene la facultad de revocarlas sin intervención judicial, según declaró el Departamento de Justicia en un expediente judicial.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 79 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en el mes de agosto.

En su más reciente informe, la organización independiente advirtió que aunque la cifra disminuyó respecto a julio (203 casos), no significa una apertura sino un “ajuste táctico” dentro de una política represiva estructural.

“El retroceso observado en agosto no constituye una señal de alivio, sino la confirmación de que el régimen administra y adapta su capacidad represiva según coyunturas políticas y sociales”, señaló el ICLEP.

La organización explicó que la caída en las cifras responde a un patrón estacional ya detectado en 2024, cuando tras fuertes oleadas represivas en el primer semestre, las agresiones se redujeron en la segunda mitad del año.

Según el ICLEP, en agosto las violaciones se concentraron en fechas simbólicas como el 31 aniversario del Maleconazo y en el contexto de juicios políticos contra opositores.

Entre enero y agosto de 2025, se acumulan 909 violaciones, con un promedio mensual de 113.

“Incluso con la modulación de agosto, el año se encamina a cerrar con más de mil violaciones, consolidando un piso represivo más alto que en años previos”, alertó la entidad.

En cuanto a los métodos, el informe registró un viraje: las detenciones arbitrarias, que en julio sumaron 92, dieron paso en agosto a ataques, amenazas y agresiones psicológicas (27 casos).

“Esto refleja un desplazamiento hacia formas de hostigamiento más selectivas y de desgaste sostenido”, indicó el ICLEP.

La organización concluyó que la represión en Cuba “no es episódica ni reactiva, sino una política de Estado planificada, estructural y sostenida” que busca “infundir miedo, silenciar voces críticas y perpetuar el control social”.